BUENOS AIRES.- La justicia argentina ordenó finalmente la incautación del avión de carga de origen venezolano en repuesta a una solicitud de EEUU que considera hubo irregularidades en la adquisición de la aeronave a una compañía aérea de Irán acusada de tener nexos con el terrorismo.
Según AP News, el juez federal argentino Federico Villena se basó en un tratado de cooperación judicial entre Argentina y EEUU para dar la sentencia.
El Boeing 747-300M perteneciente a la aerolínea venezolana de carga estatal Emtrasur –subsidiaria del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa)– fue demorado en Buenos Aires desde el 6 de junio por sospechas sobre su tripulación integrada por venezolanos e iraníes.
El propio Villena tiene a su cargo la causa judicial iniciada para determinar si parte de los ocupantes del vuelo -4 iraníes y 3 venezolanos que están en libertad y alojados en las afueras de Buenos Aires- arribaron al país con fines comerciales o por su presunta conexión con el terrorismo internacional.
A principios de agosto, el departamento de Justicia de EEUU pidió confiscar el avión por «violación de leyes de control de las exportaciones cuando en octubre de 2021 la línea aérea iraní Mahan Air transfirió la custodia del avión a Emtrasur sin autorización del gobierno estadounidense».
EEUU le atribuye a Mahan Air vínculos con organizaciones a las que considera terroristas, y por tanto están restringidos de realizar cualquier tipo de transacción desde EEUU que esté relacionada con bienes o materias primas sujetos a la ley de administración de exportaciones.
FBI inspecciona el avión
La decisión del juez Villena tuvo consecuencias inmediatas. Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se presentaron esta tarde en el aeropuerto. E ingresaron a la aeronave para, a continuación, redactar el inventario que exigió el juez federal con asiento en Washington DC, G. Michael Harvey, al disponer la incautación.
El juez ademas autorizó al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos a coordinar y gestionar los requisitos para la custodia de la aeronave y las tareas de manimiento, incluido el pago de los gastos que insuman esos servicios. Villena permitió además realizar una inspección mecánica del avión, del hangar y el alquiler del lugar donde permanecerá la aeronave. En su resolución, Villena precisó que la requisitoria de la Justicia estadounidense llegó a sus manos a través del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. Él no hizo uso de la facultad que le otorga la legislación local para limitar los alcances de la asistencia solicitada por Estados Unidos.
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