Miguel Enrique Villavicencio.- «Cuando un sistema de justicia permite la tortura y vulnera el debido proceso de los presos políticos, sus sentencias siempre van a arrojar muchas dudas».
Así lo expresó el doctor Rafael Narváez, exparlamentario y abogado defensor en materia de Derechos Humanos y Civiles en el país, quien agrega que mientras la justicia penal en este país siga politizada, las garantías constitucionales y los DDHH establecidos en la Carta Magna son letra muerta.
Narváez le exigió al sistema de justicia su imparcialidad e independencia como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución nacional, para recuperar su credibilidad ante la sociedad venezolana.
Señala que la vulneración del debido proceso contemplado en el artículo 49 de la Constitución nacional es sistemática, dado que el derecho a la defensa de los presos políticos los decide el tribunal nombrando a defensores públicos y negando a que sean representados por sus abogados de confianza.
Además sostiene que las audiencias se convocan y al llegar al tribunal son suspendidas en innumerables oportunidades profunfizando el retardo procesal.
Así mismo, apunta que al acceso al expediente siempre presenta restricciones, la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario está de adorno, no se investigan los tratos crueles e inhumanos y torturas contra los detenidos.
– La falta de autonomía e independencia de los poderes públicos ha causado un daño irreparable a la justicia, el ciudadano luce indefenso porque sus derechos van desapareciendo cada día más – puntualizó Narváez.
