Aplazan para el 8 de agosto audiencia de apertura de juicio del director de Fundaredes

CARACAS.- La justicia venezolana aplazó para el 8 de agosto la audiencia de apertura del juicio de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, detenido tras denunciar vínculos del gobierno de Nicolás Maduro con disidencias de las FARC.

La información la dio a conocer Gonzalo Himiob, director del Foro Penal y abogado defensor, quien resaltó que a pesar de que estaban todas las partes presentes, como Fiscalía, el juez, abogados e incluso el propio Tarazona, que la justicia trasladó a los tribunales competentes, la apertura de audiencia de juicio no se realizó y se desconoce el motivo.

 

Más temprano, la madre de Javier y Rafael Tarazona, rogó en un emotivo video en Twitter por la pronta liberación de sus hijos y de Omar de Dios García.

«Pido como madre su libertad (…) Sus familias los necesitan libres (…) De corazón les clamo que le den la libertad a mis hijos», dijo Teresa Sánchez.

Libertad para Tarazona

ONG de Venezuela y el mundo han exigido la liberación del preso político, detenido hace poco más de un año y acusado de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.

Las entidades, entre las que se encuentran Provea, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, Acción por la Libertad y Fundaredes, solicitaron atención médica para el activista mientras permanezca detenido. Aseguran que su salud es delicada porque problemas cardíacos que padecía se han complicado en prisión.

A Tarazona lo detuvieron el 2 de julio de 2021 junto con su hermano Rafael Tarazona y el abogado Omar de Dios García en el estado Falcón, cuando acudían a la oficina fiscal de Coro para denunciar el acoso y la persecución de la que eran víctimas por funcionarios de la policía y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia.

A Rafael Tarazona y a García los excarcelaron el 26 de octubre de 2021 bajo régimen de presentación.

La libertad de Javier Tarazona, considerado la principal voz de denuncia en el conflicto desatado el año pasado en el estado Apure, fronterizo con Colombia entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC, ha sido solicitada de manera reiterada por organizaciones internacionales de derechos humanos.

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