Familiares de presos del Cepella trasladados a Tocorón, Injuba y Puente Ayala protestan por retardo procesal

Yaxmin González Jiménez

ACARIGUA.- Familiares de privados de libertad que fueron trasladados de Guanare, tras la masacre en mayo de 2020 en el Cepella, a los penales de Tocorón en Aragua, Puente Ayala en Anzoátegui e Injuba en Barinas, protestaron a las puertas del Circuito Judicial Penal de Acarigua para exigir celeridad a los casos que presentan retardo procesal y se materialicen las audiencias, traslados o excarcelaciones.

Al denunciar nuevamente la crítica situación que enfrentan los presos por la violación del debido proceso judicial,  María Alvarado, cuyo hijo fue llevado a Tocorón, señaló que más de un centenar de familiares se encuentran, desde hace quince días, a la espera de un pronunciamiento de los tribunales en torno a las causas de sus presos.

“Nos tienen en un peloteo, vengan hoy, vengan mañana, vengan el miércoles. Son más de 60 presos de aquí que están en Tocorón, todo el tiempo nos dicen lo mismo y mientras la comisión especial para la reestructuración del sistema de justicia, designada por el Gobierno nacional, no se pronuncie, aquí no pueden hacer nada”, dijo.

Al respecto, la vocera de los 56 privados de libertad que fueron llevados a Puente Ayala, María López, señaló que ya están cansados de la “mamadera de gallo” y de que le den largas al asunto.

-Queremos su libertad plena, que cumplan con lo que prometió el presidente Nicolás Maduro que eran 60 días para que se resolviera lo referente al hacinamiento y al retardo procesal en las cárceles del país y los que tenían cumplida su condena serían dejados en libertad, reclamó

Por su parte, Alirio Sánchez manifestó que su hijo lleva preso siete años sin que se le haya dictado sentencia. “Así como él, hay otro muchacho que lleva diez años y no ha sido llevado ni a juicio, otro que tiene cuatro años y tres meses y no ha sido tenido ni la audiencia preliminar, explicó.

Yuletzi Gutiérrez, en representación de los 80 presos trasladados a Barinas, comentó que al principio tuvieron paciencia porque primero estaban atendiendo los casos por las comisarías policiales, sin embargo, ya van para la cuarta semana y no han recibido ninguna respuesta.

“Estas son horas que no nos atienden, que nos pelotean. La mayoría de los casos son de privados que ya pagaron su condena, hay muchos que están  a la espera de cómputos, pero lamentablemente todo se ha vuelto un comercio y en dólares, necesitamos respuestas definitivas”, acotó.

El grupo de familiares denunció que muchos de los presos están sufriendo enfermedades y penurias al haber sido trasladados a cárceles lejanas, ya que no les pueden llevar alimentos, medicinas o visitarlos, por falta de dinero.

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